El Gobierno Federal inició, en el año de 1991, acciones para operar la Contraloría Social como una línea estratégica de coparticipación con la ciudadanía beneficiaria de los programas federales, para hacerla partícipe, en forma organizada, a través de comités, en la vigilancia y el control de las obras, servicios y apoyos llevados a cabo con los recursos federales.

En las actuales condiciones de México, dentro de un entorno complejo por la globalización, se demanda a las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) hacer las cosas de diferente manera, asegurando resultados importantes y con impacto, que den respuesta a una sociedad cada vez más exigente por conocer el destino y uso de los recursos públicos; por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece exigencias en cuanto a la participación social como factor imprescindible para fortalecer la democracia en nuestra sociedad,  recuperar su confianza  y cumplir con sus expectativas.

Esta actividad se ha visto fortalecida con los resultados de la participación ciudadana y ha demandado al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a redoblar esfuerzos y definir nuevos lineamientos para la operación de la Contraloría Social, por ello  la Secretaría ha elaborado los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales de Desarrollo Social, redefiniendo la estrategia de operación y las actuales funciones, que de acuerdo con la normatividad, deberán desarrollar las unidades administrativas de las dependencias y entidades de la APF responsables, como instancias normativas, de los programas de desarrollo social, interviniendo en la verificación de su cumplimiento los Órganos Internos de Control.

En este marco, la Secretaría emite también, con apego a los Lineamientos, el Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales,  donde se señala que durante los últimos quince años la promoción de la Contraloría Social se ha realizado con la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de las dependencias federales, estatales y municipales, en un esquema de coordinación que ha conducido la Secretaría. Asimismo, hace referencia, a que en la Ley General de Desarrollo Social existen disposiciones en materia de Contraloría Social que en forma explícita establecen el ámbito de competencia y la adjudicación de la responsabilidad que en este tema corresponde asumir al Gobierno Federal.

En este sentido, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), conjuntamente con la Dirección General Adjunta de Contraloría Social (DGACS) de la SFP, con apego a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento; así como, de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, han formulado las actividades que debe instrumentar la DGETA para promover y garantizar la correcta operación de esta dependencia.